Este 2025 marca una década desde que Chile dio un paso significativo hacia la inclusión digital con la firma del Decreto Supremo N°1, normativa que estableció la obligatoriedad para los organismos estatales de implementar estándares de accesibilidad web. Sin embargo, mientras celebramos este hito, emerge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué el sector privado sigue exento de estas obligaciones?
La brecha público-privada en la accesibilidad digital
El contraste es evidente. Por un lado, tenemos organismos públicos que, por mandato legal, deben garantizar que sus plataformas digitales sean accesibles para personas con discapacidad, alineándose con los principios de la Ley 20.422 y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Por otro lado, observamos un sector privado que opera en un vacío regulatorio donde la accesibilidad web sigue siendo una opción y no una obligación.
La realidad es preocupante: no existe actualmente ningún marco legal que exija a las empresas privadas que atienden público garantizar la accesibilidad de sus sitios web. Aunque algunas industrias como la banca han adoptado voluntariamente ciertos estándares de accesibilidad, la mayoría de las plataformas digitales privadas continúan levantando barreras invisibles pero igualmente reales para miles de chilenos con discapacidad.
El contexto internacional nos deja rezagados
Esta situación contrasta dramáticamente con los avances internacionales. En la Unión Europea, la implementación de la Ley Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act) —que entra en plena vigencia en junio de 2025— ha establecido un marco regulatorio integral que incluye tanto a servicios públicos como a empresas privadas que ofrecen productos y servicios al público.
De manera similar, en Estados Unidos, la interpretación judicial del Título III de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) ha extendido sistemáticamente su aplicación a sitios web de empresas privadas, generando una cultura de cumplimiento que ya forma parte del ADN empresarial.
Chile: avances insuficientes y enfoque fragmentado
A pesar de contar con la Ley 20.422 y organismos como el SENADIS, el enfoque chileno hacia la transformación digital inclusiva ha sido, en el mejor de los casos, tibio y fragmentado. La concepción de que la accesibilidad es una responsabilidad exclusiva del Estado y no una exigencia transversal para todo actor que ofrece servicios a la ciudadanía refleja una visión parcial y limitada de la inclusión.
Esta fragmentación se traduce en una paradoja desconcertante: mientras los servicios públicos avanzan gradualmente hacia la accesibilidad universal, el sector privado —incluyendo servicios esenciales y masivos— continúa operando sin la obligación de contar con plataformas digitales accesibles para toda la población.
Más allá del cumplimiento: una oportunidad estratégica
Es crucial entender que la accesibilidad digital trasciende el mero cumplimiento normativo. En un contexto demográfico de envejecimiento poblacional y con una creciente conciencia sobre diversidad funcional, garantizar entornos digitales accesibles no solo responde a un imperativo ético, sino que representa una ventaja competitiva.
La experiencia en consultorías de diseño como 2Brains.lat lo confirma: la inclusión no es un lujo ni un gasto superfluo, sino un enfoque integral que beneficia a todos los usuarios y que puede traducirse en mayor fidelización, satisfacción y alcance de mercado.
Hacia una legislación moderna e inclusiva
Chile tiene actualmente la oportunidad de actualizar su marco regulatorio para alinearse con los estándares internacionales y las expectativas de una sociedad cada vez más digitalizada. Esto va más allá de la adopción de directrices técnicas como las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines); requiere voluntad política, visión estratégica y un compromiso transversal con la inclusión digital.
Recientemente se ha presentado un proyecto legislativo orientado a garantizar la accesibilidad universal a la información pública en el país, lo cual constituye un avance significativo pero aún insuficiente ante el desafío integral que representa la inclusión digital en todos los ámbitos.
La pregunta incómoda que no podemos eludir
A diez años del Decreto Supremo N°1, es momento de ampliar nuestra mirada más allá del ámbito estatal y plantear una interrogante urgente: ¿hasta cuándo seguiremos tolerando que la exclusión digital sea parte normalizada de nuestra experiencia tecnológica?
La respuesta a esta pregunta definirá si Chile aspira simplemente a cumplir con mínimos regulatorios o si realmente busca construir una sociedad digitalmente inclusiva para todos sus ciudadanos, independientemente de sus capacidades o condiciones.