En julio de 2025, tres semanas después de que la Ley Europea de Accesibilidad entrara en vigor, dos organizaciones de derechos de personas con discapacidad, ApiDV y Droit Pluriel, con el respaldo del colectivo legal Intérêt à Agir, probaron los sitios web y aplicaciones móviles de cuatro de los mayores minoristas de Francia con usuarios ciegos y con baja visión. Lo que encontraron fue un conjunto de barreras que hacían imposible completar tareas cotidianas: comprar alimentos en línea, navegar el catálogo, finalizar el pago. Las organizaciones emitieron requerimientos formales a Auchan, Carrefour, E. Leclerc y Picard Surgelés, dándoles plazo hasta el 1 de septiembre para corregir las deficiencias. E. Leclerc subió su nivel de conformidad del 32% al 50%. Seguía siendo ilegal. En noviembre de 2025, los cuatro fueron llevados a tribunales.
Ese caso, documentado como el primer gran litigio bajo el marco de la EAA, no surgió de una inspección gubernamental: surgió de organizaciones civiles que probaron los sitios con usuarios reales y activaron el mecanismo legal que la directiva habilita expresamente. Eso cambia la escala del riesgo. Durante años, la European Accessibility Act existió como fecha futura en presentaciones de PowerPoint. Desde junio de 2025, es una realidad con consecuencias operativas en los 27 países de la Unión Europea, y el enforcement no depende solo de que un regulador decida fiscalizar: cualquier organización de discapacidad puede iniciar el proceso.
Qué es la Ley Europea de Accesibilidad y a qué obliga
La EAA es una directiva europea aprobada en 2019 que establece requisitos de accesibilidad para una lista específica de productos y servicios. A diferencia de regulaciones anteriores centradas en el sector público, la EAA apunta al sector privado: tiendas en línea, servicios bancarios digitales, plataformas de transporte, libros electrónicos, reproductores de medios, servicios de telecomunicaciones y sistemas de pago. Si un servicio digital se ofrece en el mercado europeo, y cae dentro de esas categorías, tiene que cumplir.
El estándar técnico de referencia para los servicios digitales es WCAG 2.1 Nivel AA, las mismas pautas de accesibilidad del W3C que en 2025 fueron adoptadas como norma ISO/IEC 40500 y que el gobierno de EE.UU. codificó como exigencia legal federal para sus entidades públicas a partir del 24 de abril de 2026. El mismo estándar aparece en tres marcos regulatorios distintos, en tres continentes, dentro de un período de doce meses. Eso no es coincidencia: es convergencia técnica global.
Los 50 criterios de WCAG 2.1 AA cubren cuatro principios: que el contenido sea perceptible (alternativas textuales para imágenes, subtítulos para video, contraste de color mínimo de 4,5:1 para texto normal), operable (navegación completa con teclado, tiempo suficiente para completar tareas), comprensible (lenguaje legible, comportamiento predecible) y robusto (compatible con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla). Ninguno de esos criterios es una novedad técnica. Todos son alcanzables con trabajo de desarrollo y diseño bien ejecutado.
Enforcement real: Auchan, Carrefour y las primeras demandas bajo la EAA
La directiva entró en vigor simultáneamente en los 27 estados miembro el 28 de junio de 2025. Cada país implementó sus propios mecanismos de supervisión y sanción dentro del marco establecido por la directiva. El caso francés es el primero en escalar a vía judicial, pero la estructura del enforcement no requiere que el regulador actúe primero: la EAA habilita expresamente a organizaciones de personas con discapacidad a emitir requerimientos formales y, si no hay respuesta suficiente, llevar el caso a tribunales directamente.
Las barreras que detectaron ApiDV y Droit Pluriel en los cuatro retailers no eran fallas oscuras ni criterios técnicos menores: imágenes de producto sin texto alternativo, navegación por teclado rota en los flujos de compra, procesos de pago que la tecnología de asistencia no podía completar. Son exactamente los errores que el WebAIM Million 2026 identificó como los más frecuentes en la web global, los mismos que llevan siete años consecutivos encabezando la lista de fallas WCAG más comunes. Lo que Francia hizo fue llevarlos a tribunales.
El esquema de sanciones varía por país. Francia contempla hasta 3 millones de euros o el 5% de la facturación anual, lo que resulte mayor. Alemania establece hasta 100.000 euros por infracción. España y otros estados miembro operan en rangos similares. Lo que no varía es el mecanismo: requerimiento formal, plazo de corrección, tribunal si no hay avance.
Qué servicios quedan fuera y qué no
La directiva tiene excepciones definidas. Las microempresas que prestan servicios (menos de 10 empleados y facturación o balance anual inferior a 2 millones de euros) están exentas de los requisitos de accesibilidad para sus servicios, aunque no para sus productos. Los contenidos publicados antes del 28 de junio de 2025 tienen un período de transición de diez años antes de que se exija su adecuación, siempre que no hayan sido modificados de forma sustancial. Y ciertos contenidos de archivo o de uso exclusivamente interno tampoco están cubiertos.
Lo que no tiene excepción es el servicio activo ofrecido al público europeo. Una tienda en línea que vende hoy en Francia, Alemania o España tiene que cumplir hoy. No cuando sienta que está lista, no cuando actualice su plataforma en el próximo ciclo de desarrollo.
Lo que significa para empresas de Chile y LATAM
La EAA no distingue dónde está constituida la empresa: distingue dónde se ofrece el servicio. Si una empresa chilena, colombiana, argentina o mexicana vende productos físicos o servicios digitales en el mercado europeo, sus canales digitales de venta quedan bajo el alcance de la directiva. No es una presión indirecta ni una posibilidad lejana: es la consecuencia directa de operar en ese mercado.
Los vectores de exposición más comunes para empresas latinoamericanas son tres. El primero es el e-commerce directo: una tienda online que vende a consumidores europeos, con independencia de dónde esté el servidor o la empresa, tiene que cumplir con los requisitos de accesibilidad de la EAA para esa operación. El segundo es el software y los servicios digitales exportados: una plataforma SaaS, una aplicación móvil o un servicio de streaming que tenga usuarios en Europa entra en el perímetro de la directiva si cae en las categorías cubiertas. El tercero son los contratos B2B: una empresa latinoamericana que provee tecnología a una empresa europea puede recibir exigencias de cumplimiento por vía contractual, porque el cliente europeo tiene que demostrar ante su regulador que su cadena de proveedores también cumple.
Chile tiene un vínculo comercial relevante con Europa a través del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, actualizado y ampliado en 2023, que facilita específicamente el comercio de servicios digitales. Eso no es un problema: es una oportunidad. Pero también significa que las empresas chilenas con ambición de crecer en ese mercado van a encontrar la EAA como condición de entrada, no como opcional.
El contraste con el marco regulatorio local es marcado. Chile lleva más de una década con regulación de accesibilidad web exclusivamente para el sector público, sin obligaciones vinculantes para el sector privado. En ese escenario, la mayoría de las empresas chilenas que exportan digitalmente a Europa están operando en un mercado que exige lo que su propio país no ha pedido nunca. La brecha no es solo técnica: es de cultura organizacional.
El panorama en el resto de la región es igualmente fragmentado. Argentina, Brasil, Colombia y México tienen normativas propias de accesibilidad digital, pero sin armonización regional y con mecanismos de enforcement que varían entre muy débiles y prácticamente inexistentes. La EAA funciona, en ese contexto, como el estándar de facto para cualquier empresa latinoamericana que quiera competir en el mercado europeo con seriedad.
Por dónde empezar si tu empresa vende en Europa
El punto de partida no es adivinar qué está mal: es medirlo. Una auditoría de accesibilidad digital sobre los canales de venta activos en Europa entrega exactamente eso: qué criterios WCAG 2.1 AA se están cumpliendo, cuáles no, cuáles tienen mayor impacto en usuarios reales con discapacidad, y qué remediaciones son urgentes versus cuáles pueden integrarse en el próximo ciclo de desarrollo. Sin ese diagnóstico, cualquier esfuerzo de cumplimiento es ciego.
El segundo paso es documentarlo. La EAA exige que las empresas publiquen una declaración de accesibilidad describiendo el estado de cumplimiento de sus servicios digitales y el mecanismo de contacto para reportar problemas. Esa declaración no es solo un formalismo: es parte de lo que el regulador revisa cuando evalúa el comportamiento de una empresa ante una denuncia. Tenerla y no tenerla es una diferencia concreta en cómo se procesa una queja.
Lo que no funciona como solución es un widget de accesibilidad instalado sobre un sitio con problemas estructurales. Un widget puede ajustar preferencias visuales del usuario, pero no reemplaza los criterios técnicos de WCAG ni protege ante una denuncia formal. El regulador francés que notificó a cuatro retailers en julio de 2025 no estaba evaluando si tenían un botón de accesibilidad en la esquina: estaba evaluando si el sitio era navegable con tecnología de asistencia, si los formularios de compra eran operables con teclado, si las imágenes de producto tenían alternativas textuales adecuadas.
Francia fue la primera. No será la última.