Mañana, 24 de abril, vence el plazo para que miles de entidades de gobierno estatal y local de EE.UU. tengan sus plataformas digitales en cumplimiento con WCAG 2.1 Nivel AA. Municipalidades, universidades públicas, sistemas de salud estatales, cortes, colegios públicos. La regla que fijó ese plazo está siendo revisada por la administración Trump y podría ser retirada o postergada. Pero hay algo que ninguna revisión regulatoria elimina: la posibilidad de que una persona con discapacidad demande en tribunales.
Esa es la tensión real del 24 de abril. No es solo un deadline administrativo. Es la fecha en que el argumento "todavía no hay norma técnica" deja de funcionar como defensa, con o sin regla vigente.
El plazo viene de una regla que el Departamento de Justicia publicó en el Federal Register en agosto de 2024, modificando el Title II de la Americans with Disabilities Act (ADA). Por primera vez en la historia federal de ese país, la ley vinculó el cumplimiento de accesibilidad digital a un estándar técnico concreto: WCAG 2.1 Nivel AA. Antes de esa regla, el ADA exigía accesibilidad pero no definía cómo medirla. La administración Trump presentó en febrero de 2026 una revisión que podría extender los plazos o eliminar la regla completa, pero aún no ha sido publicada oficialmente. El deadline del 24 de abril sigue en pie.
Qué exige el estándar
WCAG 2.1 Nivel AA son 50 criterios de éxito organizados bajo cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Van desde alternativas textuales para imágenes hasta requisitos de contraste de color, pasando por navegación completa con teclado, subtítulos para contenido audiovisual y compatibilidad con lectores de pantalla. La versión 2.1 sumó criterios enfocados en usuarios móviles, personas con baja visión y personas con discapacidades cognitivas que WCAG 2.0 no cubría.
Hay excepciones. Contenido archivado antes de la fecha límite, ciertos documentos históricos y contenido publicado por terceros sin modificación del gobierno quedan fuera del estándar. Pero los servicios digitales activos, las plataformas de trámites y los sistemas de información pública sí quedan cubiertos. Las entidades que sirven a poblaciones menores de 50.000 habitantes tienen hasta abril de 2027.
El mecanismo legal detrás de todo esto existe desde 1990. En el sector privado ya hay precedente claro: la demanda contra Domino's Pizza llegó a la Corte Suprema en 2019 bajo Title III y estableció que la ADA se aplica a los servicios digitales con independencia de si existe una ubicación física de respaldo. Si la regla de 2024 es retirada por Trump, la obligación original del ADA permanece. Lo que desaparece es la especificación técnica, no la exposición legal.
Lo que Chile tiene y lo que no tiene
Chile promulgó la Ley 20.422 en 2010. Establece el marco de derechos de las personas en situación de discapacidad e instruye al sector público a garantizar accesibilidad, pero no define qué significa técnicamente accesibilidad digital ni obliga al sector privado a nada específico. El Decreto Supremo N° 1 de 2015 exige a los órganos del Estado que sus sitios web cumplan ciertos estándares, con WCAG 2.0 como referencia implícita.
El resultado práctico de esa arquitectura lo medimos a comienzos de este año. En el análisis de 228 sitios web chilenos que realizamos en enero de 2026, la mayoría de los sitios analizados, públicos y privados, presentaba fallas críticas en criterios básicos de WCAG: imágenes sin alternativas textuales, formularios sin etiquetas, contraste insuficiente, estructura de encabezados incorrecta. El vacío legal no genera cumplimiento espontáneo.
Para el sector privado, el vacío es aún más pronunciado. Chile lleva más de una década sin regulación de accesibilidad web vinculante para empresas y el horizonte regulatorio local sigue siendo difuso. Lo que pasa mañana en EE.UU. es relevante, aunque a primera vista parezca un asunto exclusivamente norteamericano.
Por qué les debería importar a empresas que operan desde Chile
Hay tres vectores concretos donde esto toca a empresas chilenas.
Primero, las empresas que proveen tecnología o servicios digitales a gobiernos estatales y locales de EE.UU. como contratistas están dentro del alcance regulatorio de sus clientes. Si una plataforma chilena es usada por un municipio de Texas o una universidad pública de California, ese cliente tiene que cumplir y puede trasladar esa exigencia contractualmente. No es una obligación directa bajo la ADA, pero sí una presión que ya está apareciendo en contratos de tecnología pública.
Segundo, el patrón de adopción normativa global sigue una secuencia visible. Europa tiene la European Accessibility Act con su primera fase de enforcement activa desde 2025. La EAA afecta directamente a empresas latinoamericanas que exportan productos o servicios digitales al mercado europeo y usa WCAG 2.1 AA como referencia técnica base. WCAG 2.1 ya es además norma ISO/IEC 40500, con adopción formal en múltiples jurisdicciones. La convergencia técnica entre mercados es un hecho.
Tercero, lo que está pasando en EE.UU. muestra exactamente por qué esperar a que llegue la regulación es la peor estrategia. Incluso con décadas de aviso, entidades con recursos llegaron al deadline sin cumplir. Y la incertidumbre sobre si la regla se mantiene o se retira no ayudó a nadie a prepararse: los que cumplieron lo hicieron porque decidieron cumplir, no porque esperaron claridad regulatoria. En Chile, donde esa claridad no existe todavía para el sector privado, la lógica es la misma. Una auditoría de accesibilidad no resuelve todo, pero delimita el problema con precisión: qué está mal, qué tiene mayor impacto, qué es urgente y qué puede esperar.
El sector público chileno recibió instrucciones de cumplir hace más de una década. La mayoría sigue fallando. Mañana sabremos si EE.UU. lo hizo mejor, con o sin regla. Para el sector privado chileno, no hay una fecha todavía.